Los populares presentaron hoy en el registro de la Cámara Alta 16 preguntas escritas dirigidas a esclarecer los puntos negros de un asunto que la portavoz adjunta del Grupo Popular, la senadora Rosa Vindel, calificó de "turbio".

La propia Vindel afirmó que la batería de preguntas registrada hoy es la primera de una cadena de iniciativas parlamentarias que el PP irá promoviendo, "ya que esto es sólo el principio".

El portavoz de Industria del PP, José Seguí, y la propia Rosa Vindel firmaron la iniciativa parlamentaria, en la que, además, se solicita al Gobierno la documentación relativa al caso.

Para Seguí, el asunto del contrato americano del Fórum de las Culturas necesita de un urgente esclarecimiento y el Parlamento tiene que conocer, a la mayor brevedad, todos los extremos del mismo. Según Vindel, se trata de un ejemplo claro de "irresponsabilidad y despilfarro, y no sabemos, incluso, si de algo más".

EN REBELDÍA

El ahora ministro de Industria y ex presidente del Fórum, Joan Clos, fue declarado en rebeldía por una jueza de Illinois, junto con los otros 25 miembros del Consejo de Administración del Fórum de Barcelona, por impago a una productora cinematográfica.

Entre los 26 imputados figuran, además de Clos, la ministra de Cultura, Carmen Calvo; el ex consejero jefe de la Generalitat Josep Bargalló; Ernest Maragall; el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, y el consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura.

La jueza Sophie H. Hall, del juzgado del condado de Cook (Illinois), condenó el 23 de abril de 2004 al Fórum de Barcelona a pagar 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) a las productoras Think Big Productions y Rosalini Film Productions, por impago de un filme de promoción encargado por el Fórum.

El 16 de marzo de 2005, la jueza Hall citó personalmente a todos los miembros del Consejo de Administración del Fórum de Barcelona. En el texto de la citación se requería la presentación de la contabilidad al objeto de embargar sus bienes para saldar la deuda.

Tras la incomparecencia de todos ellos, tres meses más tarde, en junio de 2005, la jueza declaró a los 26 imputados en rebeldía por un delito de desacato, condenándoles a pagar una multa de 3.000 dólares al día (2.543 euros) a la tesorería del condado de Cook, deuda que, con el paso del tiempo, asciende ya a un millón de dólares.

Según el PP, el mero repaso de los hechos es una muestra de "incompetencia, desidia política y prepotencia", además de una grave "irresponsabilidad" que puede poner en riesgo la credibilidad de España en el mundo mercantil internacional.

"Si estas cosas pasan por omisión, son muy graves y deben acarrear responsabilidades políticas; si estas cosas pasan por acción, las responsabilidades deben ser penales, porque constituyen un delito", señaló Rosa Vindel.