El "silencio" de Claudio Aranzadi, titular de Industria; Pedro Solbes, Agricultura; Jordi Solé Tura, Cultura, y Tomás de la Quadra-Salcedo, Justicia, contrasta, por ejemplo, con la locuacidad del vicepresidente del Gobierno, que en los último días no desaprovecha ocasión para expresar sus opiniones.

La más reciente, ayer por la mañana, cuando Serra declaró a la Ser que el Plan de Convergencia es necesario y que le preocupa más el "día después" del paro que la propia jornada de huelga. Hace tres días dijo que los sindicatos "están en un error" porque los problemas laborales no se resuelven por esta vía.

En general, todos los miembros del Gabinete han intentado no "echar más leña al fuego" y se han limitado a recordar que el derecho dehuelga está reconocido por la Constitución, pero que el Ejecutivo debe proteger el "derecho a trabajar".

Algunos han sido más "políticos" ("La política de Solchaga ha quedado reautorizada", dijo Javier Solana). Sólo los más implicados, como José Borrell (Obras Públicas y Transportes) o José Luis Corcuera (Interior), han "cargado las tintas".

El ministro de Transportes aseguraba el pasado viernes que si los sindicatos incumplen los servicios mínimos en los transportes públicos, cometerán un "atentdo" contra quienes opten por trabajar ese día.

Los hitos fundamentales de la ofensiva del Gobierno para contrarrestar los efectos de la huelga general fueron las comparecencias televisivas del presidente, Felipe González (la pasada semana en Televisión Española), y del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga (esta semana en los canales autonómicos).

En ambos casos, los dos miembros del Ejecutivo más criticados por los sindicatos pudieron explicar directamente a millones de españoles las azones del "decretazo" y de otras medidas aprobadas por el Gabinete, que han provocado las iras de las centrales.

"A RAJATABLA"

Los más ministros contundentes han sido, sin embargo, la ministra Portavoz, Rosa Conde, y el ministro del Interior, José Luis Corcuera.

La primera anunció hace dos semanas que el Ejecutivo cumplirá la ley "a rajatabla" para garantizar el derecho al trabajo. Ayer, Corcuera se encargó de revelar qué ley: la Ley de Seguridad Ciudadana.

Con este instrumento legal en l mano, el Gobierno podrá imponer cuantiosas multas a los piquetes menos informativos y más "expeditivos" y a los participantes en manifestaciones esporádicas.

Hasta el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Félix Pons, ha intervenido en la polémica con los sindicatos. Pons cree que la huelga es "política" porque va contra el Parlamento, que es el que, en última instancia, ha convalidado ya el real decreto de reforma del Inem.

En su opinión, los problemas, que deben resolverse en as instituciones, surgen "cuando se distorsiona el papel que cada una de ellas debe cumplir y la oposición no se hace desde ellas, sino desde los sindicatos".