En el momento de expresar estas descalificaciones, a través deuna carta a un diario de difusión nacional, Manuel Berenguer Valero era miembro del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar Valenciano.

En la misiva, Berenguer decía también que uno de los inspectores amenazaba a los centros que vigilaba para "conseguir unos fines no muy claros". Además, afirmaba que ambos eran un ejemplo de las "prepotentes posturas de algunos antidemocráticos y dictadores inspectores educativos", según consta en la sentencia hecha pública por el Tribunal Supremo.

El abgado de Valero alegó ante el Supremo que, con estas apreciaciones, su cliente sólo pretendía ejercer una crítica legítima a una actuación funcionarial de algunos miembros de la Administración educativa de Alicante.

Para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, "el derecho a la libertad de expresión que comporta el derecho a la crítica, no legitima insultos de determinada entidad o actos vejatorios". En consecuencia, impone a Berenguer el pago de una indemnización de 12.000 euros (dos millones de peseas) para cada uno de los inspectores de Educación.