El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander impuso a F.V. la mínima pena en estos casos frente a la petición del ministerio fiscal que solicitaba 6meses de arresto.

La defensa del objetor condenado argumentó ante el tribunal el principio de igualdad ante la ley que estipula la Constitución para rechazar el mayor tiempo que los jóvenes deben realizar su servicio en la PSS, al tiempo que evocó el reciente acuerdo parlamentario para equiparar la duración de la prestación social y el periodo militar.

Sin embargo, el ponente de la sentencia entiende que "por legítima que sea la finalidad política que el acusado pretenda alcanzar, sus móviles no ueden en modo alguno justificar la transgresión de las normas jurídicas mayoritariamente aprobadas por el órgano que en nuestra Constitución ostenta la potestad legislativa".