Según publica hoy el periódico 'La Gaceta de Las Palmas', un juzgado de instrucción de Las Palms de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella interpuesta por Antonio Peña Hernández contra los cuatro empleados del BCH de la sede central en las islas y los dos corredores de comercio y solicita que el Banco Central Hispanoamericano sea considerado responsable civil subsidiario.

Según la denuncia, una inspección de Hacienda descubrió que en la cuenta de Antonio Peña se habían efectuado una serie de operaciones que el afectado asegura que no conocía. Según consta en la denuncia, en los últimosmeses el Banco le había concedido once pólizas de crédito con una amortización a corto plazo que él asegura que nunca pidió.

El periódico canario afirma que un experto calígrafo comprobó que las firmas que aparecían en el corredor de comercio no pertenecían al titular de la cuenta, sino que habían sido falsificadas.

Como consecuencia inmediata, el Banco comenzó a retirar de la cuenta corriente del cliente tanto los intereses como el capital principal. Según asegura, en ningún momento le fue comuncado por parte del banco dichas operaciones ni el movimiento de la cuenta.

Antonio Peña muestra su preocupación tanto por el monto de créditos que él asegura que nunca pidió como por la inspección de Hacienda, ya que no puede justificar la procedencia de los enormes saldos de su cuenta corriente.