El CSN, después de estudiar los incumplimientos detectados, así como el informe realizado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, decidió por unanimidad la apertura de un expediente sancionador por la comisión de tres infracciones "graves": incumplimiento de los términos y condiciones de la autorización o documentos oficiales de explotación, por la omisión de medidas correctoras y por la ocultación de información al CSN.

La propia presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, calificó hace unos días en el Congreso de los Diputados de "suceso importante" este incidente, por lo que la sanción podría alcanzar los 600.000 euros, si el ministerio la considera infracción grave, tal y como lo califica el Consejo, o incluso los 3 millones de euros, si se cataloga como muy grave.

Estevan Bolea señaló que el titular (la central es propiedad de Endesa e Ibredrola) actuó con negligencia y reconoció que la labor de inspección del CSN tuvo carencias, al no detectar el proceso de corrosión que afectaba al circuito de refrigeración, y que causó una fuga que no tuvo consecuencias radiológicas.

El CSN considera, en cualquier caso, que los propietarios de la instalación no actuaron con eficacia y no fueron comunicaron la información de que disponían con la transparencia necesaria.

Una vez propuesta la apertura de este expediente sancionador, la incoación del mismo, así como su resolución corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La central ha presentado un plan de corrección de los elementos dañados y para mejorar la seguridad seguridad que cuenta con el visto bueno del CHS y previsiblmente estará concluido antes de 2008.