Camarillo, quien se ha reunido con el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de Sectorial, Inmaculada Sanz, señaló que la desaparición de este modelo supondría un incremento en el gasto público de 1.214 millones de euros anuales.

Además, indicó que tendrá un impacto muy negativo en el servicio público sanitario, con el aumento de la presión asistencial. "Este traspaso de empleados públicos al INSS se vería reflejado, sobre todo, en el ámbito de la atención primaria, servicio de por sí ya tensionado", aseguró.

Asimismo, recordó que desde CSIF Madrid han enviado una carta a la presidenta autonómica, Isabel Diaz Ayuso, y al resto de líderes de las formaciones con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid para pedir la puesta en marcha de iniciativas parlamentarias que ayuden a frenar la desaparición de este sistema. En ellas se pide realizar una declaración institucional significándose en contra de la desaparición del Mutualismo Administrativo y en apoyo de su continuidad a través de las tres mutualidades.