Señaló que la reforma laboral permite realizar nuevos contratos de obra y servicio hasta el 30 de marzo de 2022, con una duración máxima de seis meses. “A partir de esta fecha podrían quedar bloqueados los proyectos de investigación dado que la reforma laboral está aún pendiente de adaptación a la Ley de la Ciencia, que aún tiene por delante varios meses de tramitación parlamentaria”, explicó el CSIF.

El sindicato pidió al Gobierno la garantía de continuidad de los cerca de 30.000 contratos y exigió más financiación para dar estabilidad laboral a la Ciencia y una carrera profesional para el personal técnico y de gestión.

“El ministro de Universidades, Joan Subirats, nos ha trasladado que busca una autorización de Hacienda para convertir en indefinidos estos contratos hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, aunque por el momento no nos han concretado nada y los afectados siguen esperando una solución”, añadió el sindicato.