El sindicato alertó de que estos puestos de trabajo peligran si sale adelante la reforma laboral en sus actuales términos, ya que suprime el contrato de obra o servicio determinado, una modalidad contractual muy generalizada en la investigación porque muchos proyectos tienen carácter temporal.

En concreto, el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, pendiente de convalidación por el Congreso, prevé derogar el contrato de obra o servicio determinado regulado en el artículo 15.1 letra a) del Estatuto de los Trabajadores, afectando a dichos contratos para la realización de proyectos de investigación científica o técnica, recogida tanto en la Ley Orgánica de Universidades como en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

En este sentido, CSIF recordó que esta Ley permite mantener hasta un máximo de tres años los contratos suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, así como los nuevos contratos hasta el 30 de marzo de 2022, pero con una duración máxima de seis meses.

CSIF reiteró que si se mantienen esos términos de la reforma, será imposible recurrir al contrato de obra o servicio determinado con cargo a proyectos, una circunstancia que ya está bloqueando la contratación en algunas universidades, fundamentales para futuros proyectos de investigación.

Esta cuestión también será abordada, el próximo 9 de febrero, en la primera reunión que mantendrá el sindicato con el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats. CSIF también pedirá al ministro que retome la Ley Orgánica de Universidades modificando aquellos aspectos “perniciosos” que planteó su antecesor en el cargo, como la instauración de una nueva carrera laboral. Además, considera que es necesario impulsar de manera definitiva el Estatuto del Personal Docente e Investigador.