Alonso contestó así a las declaraciones realizadas ayer, tras la reunión de Aznar con los líderes sindicales, por el ministrode Trabajo, Javier Arenas, quien indicó que el Gobierno debe conocer la situación económica actual antes de comprometerse a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios.

También recordó que en los acuerdos pactados en septiembre de 1994 dentro de la Mesa General de la Función Pública no sólo figuran la revalorización del sueldo de los funcionarios en los años 1995, 96 y 97, sino también otros temas que calificó de "claves", como la reforma de la Admnistración mediante un Estatuto de la Función Púlica.

Sobre los salarios de los empleados públicos, dijo que "nos parecen bien determinadas medidas que apuntan a reducir el gasto público por la vía de aumentar los ingresos, reducir el fraude y abaratar los costes generales de la Administración, pero no estamos en absoluto de acuerdo con que haya otra discriminación salarial con los empleados públicos".

Alonso explicó que reclamarán al Gobierno la revisión de 0,8 puntos en el sueldo de los funcionarios al haberse desviado la inflación de 1995 dl 3,5% previsto al 4,3%, así como que se respete esta legislatura la revalorización de las retribuciones de los empleados públicos.

Además, según destacó el responsable de CSI-CSIF, el ahorro por no revalorizar el sueldo de los funcionarios "no es relevante en relación con la reducción de déficit necesaria". Agregó que esta medida discriminaría a los funcionarios si se les compara con el resto de los trabajadores y podría redundar en una peor calidad de los servicios de la Administración.

"NO SON INOLIDARIOS"

Añadió que "los empleados públicos no son insolidarios con la situación del país, lo que ocurre es que es la partida más fácil y más aparente de cara a la galería de lo que es reducción de gastos, pero con los números en la mano no es significativo para reducir un déficit público tan abultado".

El secretario de Acción Sindical de CSi-CSIF explicó que todas estas propuestas se las plantearán al nuevo Gobierno en la entrevista que han solicitado al presidente del Gobierno y a los responsbles de Economía, Trabajo y Administraciones Públicas.

"Lo que no vamos a aceptar jamás", advirtió, "es que se repita la historia del famoso pacto social frustrado del año 92, donde por un planteamiento a nivel de cabecera de otros sindicatos se hizo una burla a la Mesa de la Función Pública, que es donde se debe de discutir todo lo que afecta a los salarios y a las condiciones de trabajo de los empleados públicos".