Oñate añadió en rueda de prensa que, sin embargo, los jueces sí cumplen con su obligación de tomar declaración personalmente (principio de inmediación) cuando la persona que ha de prestarla, ya sea como testigo o como acusado, es conocida públicamente o tiene cierta relevancia social.

El sindicalista recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a comparecer ante un juez y no nte otros funcionarios del juzgado, lo que ocurre casi en el cien por cien de los casos.

"Si los funcionarios han de tomar declaraciones, que se les habilite por ley para ello y que se les asignen emolumentos de acuerdo con esta responsabilidad", continuó Oñate. "Hay muy pocos juzgados donde el juez lleve a cabo la inmediación judicial".

"En el derecho actual no cabe argumentar que en aras de la eficacia hay que vulnerar la justicia o la legalidad; no podemos poner como disculpa o excusa que si n cometiéramos estas infracciones la administración de justicia no funcionaría", agregó.

Según el secretario de Acción Sindical de CSIF, incluso en algunos casos han sido expedientados funcionarios por negarse a tomar declaraciones y en otros por haberse producido bien una nulidad de juicio o un error en la toma de testimonio.

A su juicio, es conveniente que los jueces abandonen "su corporativismo", ya que, en su opinión, "ellos son los primeros que deben cumplir con este principio legal".

"E Ministerio de Justicia no atiende a estas razones y parece ser que sólo se preocupa del dichoso jurado", apostilló Oñate, quien, por otra parte, consideró que el retraso en la implantación de esta institución se debe a la falta de presupuesto y al alto coste que supondrá su puesta en marcha.