CSIF valora "muy positivamente" la oferta del Gobierno y entiende que su firma no debe condicionarse a la inclusión del derecho de los sindicatos a la autorregulación de la huelga o a negociar la oferta de empleo público, puntos que se han convertido en el principal escollo de la reforma.

José Luis Manzanares, secretario de Acción Sindical de CSIF, manifestó a Servimedia que su sindicato cree que no hay que dejar pasar la oportunidad de suscribir un acuerdo que recoge reivindicaciones com la descentralización de la negociación colectiva y una "buena oferta económica".

Otro avance al que CSIF da una gran importancia es el reconocimiento de un complemento de unas 21.000 pesetas anuales que el Ejecutivo está dispuesto a conceder por primera vez a todos los empleados públicos laborales.

También considera positiva la consolidación de la paga adicional de 37.725 pesetas que cobraban desde 1988 alrededor de 400.000 funcionarios, como consecuencia de un acuerdo de CSIF con la Administracón. Esta paga se cobrará, a partir de 1992, prorrateada en las nóminas de cada mes.

RETICENCIAS

Por su parte, UGT y CCOO mantienen una posición más reticente, en lo que se refiere a las propuestas del Gobierno sobre la autorregulación de la huelga, negociación de la oferta de empleo público, horarios y reparto de los fondos salariales adicionales.

No obstante, el secretario general del Sindicato de la Administración de CCOO, Orentino Alonso, manifestó hoy a Servimedia que ve posible un acuerdo obre estos puntos cuando se reanude la negociación, la semana que viene.

En cuanto a la autorregulación de la huelga, subrayó que para CCOO bastaría con que se aceptase suprimir del texto del acuerdo cualquier mención tanto a la facultad de la Administración de imponer decretos servicios mínimos como al deseo de los sindicatos de derogarlos.

"Yo quiero ser optimista. Espero que se solventen los temas de controversia, que cada vez están más acotados, y podamos llegar a un acuerdo lo más rápidament posible", señaló el dirigente de CCOO.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Santiago Nieves, criticó las resistencia del Gobierno a aceptar el derecho de los sindicatos a negociar la oferta de empleo público.

También censuró las propuestas del Gobierno en materia de horarios. La Administración quiere que 27,5 de las 37 horas de jornada semanal de los funcionarios hayan de realizarse entre las nueve y las dos y media de la tarde, quedando el resto a eección del funcionario.

En opinión de UGT, debe mantenerse la posibilidad de horarios flexibles que permitan terminar la jornada a las dos de la tarde, sin pretender aplicar "horarios rígidos y centralizados para todos los empleados públicos".

A este respecto, fuentes del Ministerio para las Administraciones Públicas consultadas por esta agencia señalaron que la Administración no tiene la intención de imponer un nuevo régimen de horarios a los funcionarios si no hay consenso con los sindicatos. Las mismas fuentes expresaron su confianza en que la polémica sobre la autorregulación quede pospuesta a un acuerdo global entre el Gobierno y los sindicatos para el conjunto de la economía nacional.

En cuanto a la cuestión salarial, señalaron que el Gobierno "no ofrecerá ni una peseta más". La última propuesta supone un aumento retributivo medio del 6,94 por ciento, incluyendo tanto la subida general del 5 por ciento como los más de 23.000 millones de pesetas en fondos adicionales.