Garzón solicitó el amparo al considerar que el CESID insinuaba enel comunicado que la filtración de los documentos procedía de su juzgado, al manifestar que los papeles publicados "se correspondían con cierto auto judicial", en alusión a la resolución elevada por el magistrado al Gobierno solicitando la desclasificación de los papeles reservados.

Además, Garzón considera que el ministro Serra había informado públicamente de una actuaión sumarial secreta, al confirmar en Bruselas que los documentos publicados se corresponden "como dos gotas de agua" con la transcripción que de ellos hizo el juez en su auto.

Para Garzón, que expresó su preocupación e indignación por estos hechos, ambas afirmaciones han perjudicado la investigación del 'caso Oñaederra', haciendo "absolutamente insostenible la situación para la instrucción del sumario".

Según informaron hoy fuentes del CGPJ, es probable que la Comisión Permanente se limite a tomr conocimiento de la petición de Garzón y la remita al pleno de ese organismo, que se reunirá el próximo 15 de enero, dado que es el único competente para resolver las solicitudes de amparo que le formulen los jueces.

No obstante, de acuerdo con las citadas fuentes, el pleno del máximo órgano de Gobierno de los jueces no adoptará ninguna decisión sobre el amparo solicitado por Garzón si en esa fecha no dispone del informe que el CGPJ encargó ayer al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger,sobre las filtraciones de los autos judiciales sobre los documentos del CESID.

En este sentido, fuentes judiciales indicaron a Servimedia que para sus investigaciones, Auger solicitará a Garzón y a Gómez de Liaño, que también ha abierto una investigación interna sobre este extremo, sendos informes sobre el origen de las filtraciones con el fin de determinar si han procedido de la Audiencia Nacional, lo que parece descartado.

En el caso de que el pleno del poder judicial estime la petición de ampao de Garzón, podría acordar emitir una declaración enérgica censurando las manifestaciones del ministro de Defensa y el comunicado del CESID, según las citadas fuentes del CGPJ.

Además, indicaron que en el supuesto de que se determine el origen de las filtraciones, que fuentes de la Audiencia Nacional sitúan en el Ministerio de Defensa, el máximo órgano de Gobierno de los jueces podría poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Esta podría proceder penalmente si considera que e ha incurrido en un delito de revelación de secretos.