Esta petición es consecuencia de la gran preocupación suscitada entre el colectivo de empleados públicos españoles tras la petición de Solchaga al Consejo de Ministros para que cepte una subida de salarios en la Administración para 1993 inferior a la inflación prevista, medida que, según CSIF, agravará la conflictividad social.

CSI-CSIF, UGT y CCOO ya han anunciado su intención de pedir para 1993 una subida salarial para los empleados públicos que suponga un moderado incremento del poder adquisitivo, así como el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial, solicitudes que chocan frontalmente con los planteamientos que baraja el Gobierno.

Manzanares calificó la prouesta del responsable de Economía de "bastante grave" y dijo que "es como pretender que el Gobierno haga pagar la crisis que atraviesa España a los de siempre, en este caso los empleados públicos de la Administración".

En su opinión, los trabajadores de la Administración han ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, "y que ahora se pretende congelarles los salarios para reducir el déficit generado por una mala gestión sería bastante duro".

Una medida como la que plantea el Ejecutivo "cntribuiría a que los sindicatos tuviéramos que iniciar medidas contundentes contra esa posibilidad", agregó.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno", continuó, "es explicar la situación real de los compromisos que ha adquirido en torno al Plan de Convergencia y los acuerdos de Maastricht, porque ni los trabajadores de la Administración ni el resto de los españoles los conocen, y así difícilmente entenderán medidas de ajuste como las que se están proponiendo".

"Entendemos que el ministro está equivocdo en la política que está planteando para elaborar los presupuestos, y por eso pedimos su dimisión, ya que la fórmula adecuada sería sentarse a negociar con las fuerzas sociales para consensuar algunas las alternativas que existen, y no cargar las tintas sobre los funcionarios", agregó.

También criticó el anuncio de congelar la oferta de empleo público para 1993 realizado por el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Justo Zambrana, y aseguró, en idéntica valoración que la de UGT y COO, que con propuestas de este tipo difícilmente se podrá ejecutar el plan de modernización del sector público aprobado por el Gobierno.

"De hecho", explicó, "sólo la congelación de nuevas contrataciones en la Administración durante 1993 supone un incumplimiento de ese plan consensuado con los sindicatos, porque en él se incluyen compromisos de ampliar plantillas en organismos como el Inem, Instituciones Penitenciarias y Justicia, entre otros, que no se realizarán".

EMPEORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A juicio de CSI-CSIF, esta no es la fórmula para resolver los problemas, ya que incluso se puede perjudicar a los organismos que esperan elevar su plantilla porque no están suficientemente dotados de personal, lo que acabaría repercutiendo en un peor servicio.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Murillo, aseguró que el anuncio de Zambrana responde a una campaña de imagen para transmitir la idea de austeridad ante la crisis, y está convecido de que no se traducirá en una oferta de empleo cero para 1993.

Para CCOO de la Administración, no es posible mantener la calidad de los servicios públicos fundamentales sin nuevas contrataciones. Citó el ejemplo de Hacienda y Educación, áreas en las que no será posible mantener la lucha contra el fraude fiscal, en el primer caso, o desarrollar la LOGSE, en el segundo, sin la ampliación de las plantillas.