En un comunicado, el sindicato advierte de que el Gobierno pretende que esos más de 17.000 puestos de trabajo públicos sean "privatizados" al convertir a las iglesias en empleadoras de "unos trabajadores que siempre han sido trabajadores de la Administración, como demuestran las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

En un comunicado, el sindicato asegura que no conocía esta intención del Gobierno, ya que no tiene "ninguna similitud" con lo planteado en el anteproyecto. "Esta maniobra ha sido un engaño a la sociedad, a la comunidad educativa y a los representantes de los trabajadores", agrega el sindicato.

"No olvidemos que los centros son públicos, la dirección es pública, el trabajo se desarrolla en un centro público, todo se presta para el servicio público de enseñanza... pero la Administración no quiere saber nada de esos trabajadores", añaden.

Por todo ello, CSI-CSIF exige que, más allá de los planteamientos ideológicos sobre la asignatura de religión, se respete a esos trabajadores y a sus familias.