El motivo de este resultado es que, al fina, el socio privado extranjero de CSI deberá cubrir una ampliación de capital en la que desembolsará 129.200 millones de pesetas, que irán a las arcas del grupo siderúrgico español y no a su actual propietario estatal.

Con ese dinero, la Corporación deberá acometer un proceso de compra de participaciones en el grupo ARBED (9,5%) y sus participadas, que le llevarán a gastarse cerca de 100.000 millones de pesetas.

Según explicó el presidente de la agencia y del grupo siderúrgico español, Francisco Pada, con toda la operación el Estado no ingresará nada, pero la CSI saldrá fuertemente reforzada convirtiendose en una de las empresas del sector más saneadas y con mejor liquidez del mundo.

Prada señaló que en los meses de agosto y septiembre se procederá a la búsqueda de nuevos socios de acompañamiento al principal aliado tecnológico, aunque admitió que la fuerte valoración dada a CSI con esta operación (140.000 millones de pesetas) y la elevada patrimonialización de la Corporación, harán más difici localizar a este grupo de inversores.

Según los máximos responsables de la CSI los planes son sacar a Bolsa antes de fin de año el resto del capital en manos del Estado.

El momento, dijo Prada, dependerá de la idoneidad de los mercados, y el porcentaje -único con el que las arcas públicas podrán ingresar algo por esta privatización - estará sujeto a lo que antes se haya vendido a los socios particulares.

Con esta privatización el Estado se desliga del primer grupo siderúrgico español y a suvez le asegura un plan industrial, evitando los despidos de más de 1.700 personas que estaban previstos, y comprometiendo para la CSI unas inversiones en cinco años de casi 156.000 millones de pesetas, de los que 109.000 irán a parar a Asturias.

Según los responsables de CSI, el reforzamiento económico para el grupo español que ofrecía ARBED ha sido determinante, junto al "paquete" de inversiones, para decantarse por esta opción en lugar de la planteada por la francesa USINOR-SACILOR. Esta una menor apliación de capital con más ingresos para el Estado y menos volumen de inversiones, unos 106.000 millones de pesetas en los próximos cinco años.