Así lo indicó Bal en rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que recordó que ese precepto debe aplicarse por mayoría absoluta y actualmente, "con las débiles mayorías" que concita el Ejecutivo, "vaya usted a saber qué pasa si conseguimos llevar al Pleno del Congreso la posible aplicación” del mismo, si bien es el Senado el que aprueba la aplicación de ese precepto constitucional.

Bal deploró que la Generalitat catalana quiera sacar adelante este decreto ley para “burlar” la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a aplicar el 25% de castellano en las aulas de esta comunidad autónoma.

Para Bal, se trata de un “hecho gravísimo”, de una “patente desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, como sucedió en octubre de 2017”. “Es un hecho que se está realizando además con la inacción del Gobierno de España y con el apoyo positivo del PSC, que está de acuerdo con la tramitación de un mecanismo legal de desobediencia”, lamentó.

Por ello, aseguró que el Gobierno tiene “la obligación” de recurrir este real decreto ley ante el Tribunal Constitucional, ya que, de ser así, la aplicación de este documento “quedaría inmediatamente” en suspenso y las familias “podrían reclamar el cumplimiento” de la sentencia.

Además, avisó de que su formación va a apoyar todas las medidas que existen dentro de la Constitución para el “reconocimiento de los derechos a las familias catalanas”, incluidas “las medidas excepcionales de emergencia que se recogen en el articulo 155 de la Constitución Española”.

En este sentido, Bal comentó que el 155 es un “mecanismo excepcional”, pero alertó de que Cataluña se encuentra en “esa situación de excepcionalidad” porque la Generalitat, al objeto de “burlar” la sentencia del TSJC, dicta una norma con rango de ley, “rompiendo la separación de poderes y metiendo en una ley lo que no es nada más que un desacato” a este tribunal.

Pese a ello, abogó por acudir primero a la posibilidad de que el Gobierno recurra, pero si no lo hace, “hará falta aplicar el 155 para garantizar el derecho de las familias que quieren que sus hijos sean educados en español”.