Pagazaurtundua será ponente del informe del Parlamento Europeo que reclama retomar la negociación sobre los delitos de odio para incluirlos en la lista de “eurodelitos”, sobre los que hay una armonización a nivel europeo. Esta iniciativa está bloqueada en el Consejo desde hace casi dos años, debido a que países como Hungría y Polonia bloquean la adopción.

La Presidencia francesa en 2022 incluyó este dosier entre sus prioridades, aunque “no logró el consenso buscado”. La Presidencia checa y la sueca no lo hicieron y no se produjo avance alguno. “Todos esperábamos que España retomara este dosier porque había manifestado su interés en la lucha contra este tipo de delitos, pero mucho hablar en los medios y poco hacer”, explicó.

Finalmente, por razones que se desconocen, también ha decidido dejarlo aparcado. Una pena porque después sólo queda Bélgica, antes de las presidencias de Hungría y Polonia, dos países que, seguro, no serán los más abiertos para avanzar en esta materia”, indicó Pagazaurtundua.

Durante la presentación de su informe provisional ante la Comisión de Libertades Civiles, Pagazaurtundua recalcó que “no toda incitación al odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio e intolerancia”. “Hay otros instrumentos a nivel administrativo, educativo y social que podemos utilizar para combatir las manifestaciones de odio que no constituyen un ilícito penal”, dijo.

También expuso que el actual marco de la UE solo cubre la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en la raza, el color de la piel, la religión y el origen nacional o étnico, por lo que existe “una clara necesidad de abordar eficazmente la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en el sexo, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otros”.

Uno de los principios profundos de las sociedades democráticas, planteó, es que los seres humanos son iguales en dignidad. “La incitación al odio y los delitos de odio por alguna motivación social son delitos especialmente graves, porque se producen sobre un fondo de intolerancia, estigmatización, discriminación u hostilidad hacia personas”, añadió.

En este sentido, denunció que las dinámicas sociales de intolerancia, estigmatización y prejuicio y discriminación “van en aumento” y su “normalización” requiere la atención de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. “Si España no toma el timón de esta lucha contra los delitos de odio, vistos desde un enfoque universal, es una oportunidad perdida para la UE durante mucho tiempo”, avisó.

Esto, prosiguió, requiere una protección “que no excluya las nuevas motivaciones sociales de odio, ya que es la dignidad de las víctimas la que debe protegerse como derecho humano universal”. “El enfoque debe ser abierto en el sentido de proporcionar herramientas para combatir eficazmente la incitación al odio y los delitos de odio motivados por dinámicas sociales nuevas y cambiantes”, consideró.

Por eso es importante, explicó, que la protección penal contra el odio sea proporcionada, lo que implica proteger la libertad de expresión al máximo, crear todas las salvaguardas necesarias y sólo limitarla cuando esté plenamente justificado.” Hay que tener en cuenta que no todo discurso de odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio e intolerancia, por lo que no es inocuo”, concluyó.