El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Plan para la Objeción de Conciencia, elaborado por los ministerios de Justicia y Defensa, que pretende incrementar el número de plazas para que los objetores realicen la prestación social sustitutoria.

El Plan, que pretende corregir la actual faltade puestos para realizar la prestación social sustitutoria, no modifica la Ley de Objeción de conciecnia, pero introduce una serie de medidas económicas, administrativas y reglamentarias. Sin embargo, el plan exige un nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia y de Prestación Social Sustitutoria.

A juicio de la organización, "el hecho de que crezca de manera tan significativa el número de jóvenes que optan por la objeción de conciencia es un dato revelador no de un supuesto 'chollo' o de un 'cachondeogeneralizado', entre los jóvenes, sino de una respuesta frente a la alternativa de las armas y un síntoma evidente de la sensibilidad juvenil en favor de la paz".

En opinión de la organización humanitaria, "la respuesta correcta para resolver este problema sería favorecer la libre opción, y dar un cauce adecuado a las inquietudes solidarias de los jóvenes".

"El problema de la sociedad", añade la nota, "es la falta de imaginación para establecer puestos de actividad para todos los objetores. Ese e el problema a resolver y no otro"

El nuevo plan aprobado por el Gobierno pretende que los llamameintos a objetores que se realicen en 1994 y 1995 se cubran efectivamente con el total del número de plazas disponibles, y con la previsión de alojamiento y manutención que sean necesarias.

Igualmente, se pretende un sustancial aumento de plazas concertadas en organizaciones y asociaciones de carácter social. Para ello, se trabajará con las disitntas administraciones públicas cuya actividad material cincida con los sectores declarados prioritarios por la Ley de Objeción de Conciencia.

El objetivo es conseguir un aumento del número de plazas que deberá reflejarse en el llamamiento del próximo mes de mayo, de forma que los objetores puedan incorporarse a éstas en octubre de 1994.

También incluye un programa de inspección y verificación de las plazas de prestación social sustitutoria para que respondan a los parámetros legales.