A partir de ahora, el nombramiento de presidente de Cruz Roja competerá a la Asamblea General, en vez de al Gobierno, como sucedía hasta ahora. El nuevo marco estatutario recibió recientemente el visto bueno del Consejo de Protección, órgano formado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, diez miembros de Cruz Roja y tros diez del Ejecutivo.

A juicio del presidente actual de la organización, "esta autonomía supone mayor responsabildiad, además de un anhelo importante por cuanto reafirma más nuestra voluntad de posicionarnos en la sociedad civil, más del corte de las ONGs. Y reafirma esa autonomía dentro de un entorno democrático en el que una institución como la nuestra tiene el deseo de autoafirmarse y autogobernarse".

Otro de los objetivos de la estutos es dotar de una mayor operatividad funcional a Cruz Roa, que desarrolla cada día una mayor actividad sometida a la responsabilidad de su presidente y de sus máximos órganos de dirección.

Los nuevos estatutos pretenden clarificar y diferencias las funciones y responsabiliades de los presidentes territoriales y de los comités de los distintos ámbitos. Así, a los presidentes se les otorga máxima capacidad ejecutiva y a los comités toda capacidad de control.

CONSENSO

Para el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, que lleva tresaños ocupando ese puesto, "los nuevos estatutos tienen el valor de ser fruto del consenso. Este estatuto es de todos, y no representa lo que cada uno opinaría, sino lo que entre todos hamos considerado que represente".

Cruz Roja Española cuenta en la actualdiad con 122.000 voluntarios y más de 600.000 socios. Su presupuesto anual asciende a 39.000 millones de pesetas. Para Juan Manuel Suárez del Toro, el eje principal de Cruz Roja es ofrecer ayuda a las personas marginadas: jóvenes, mujeres maltratada, enfermos drogodependentes o de sida, reclusos, personas mayores, inmigrantes, refugiados y desplazados.

El pasado año, el Gobierno aprobó las Normas de Ordenación de la Cruz Roja Española, cuyos objetivos son refomar democráticamente la instituación, dotándola de mayor autonomía; redefinir el modelo de tutela estatal y modificar la estructura interna de la institución para lograr una organización más eficaz.

Para conseguir una mayor autonomía, el decreto establecía que el presidente será elegid y cesado por la Asamblea General. Hasta ahora, era nombrado por el Gobierno que, según la nueva norma, tendrá que ratificar la elección o cese en su caso.

La representación del Gobierno en el Comité Nacional, que ahora es de nueve miembros, pasa a dos, mientras que los estatutos de la institución deberán sera aprobados por la Asamblea General.