En un comunicado, José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española (CEDIH), recordó que su entidad reclama desde hace tiempo la desaparición total de estos artefactos.

Las bombas de racimo tienen un efecto a largo plazo sobre las poblaciones civiles. Cada una puede llegar a esparcir hasta 650 submuniciones explosivas sobre una superficie de más de una hectárea. Sin embargo, algunas no estallan al impactar, por lo que siguen causando víctimas durante años después del fin de los conflictos.

Actualmente, millones de municiones están almacenadas en los arsenales de 75 Estados. Numerosos modelos son obsoletos, imprecisos y no fiables, y los que quedan sin explotar constituyen un gran peligro para los civiles, especialmente porque quedan semienterradas y en muchos casos tienen formas atractivas para los niños.

Para Rodríguez Villasante, el tratado de Dublín supone "un avance en la protección de los civiles, en la mejora de la asistencia a las víctimas y en las medidas de cooperación internacional y transparencia".