El comunicado aprobado por el pleno de Crue–I+D+i en Toledo recordó que la Reforma Laboral, cuyo objetivo de reducción de la temporalidad comparte toda la comunidad universitaria, entró en vigor "sin contemplar las implicaciones que la eliminación de la modalidad de contrato por obra y servicio podía tener en las actividades de investigación".

En la declaración se destacó que, "aunque la solución ya está contemplada en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, esta no ha sido aprobada aún y sigue sin ofrecerse una solución real hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, en cuyo texto figura el contrato por actividades científico-técnicas".

En este sentido, los rectores pidieron que "se proporcione a los responsables de las instituciones universitarias un entorno de seguridad jurídica, con la emisión de un dictamen o resolución oficial vinculante y con validez jurídica, que reduzca la incertidumbre actual que está soportando el sistema para poder realizar la planificación de la contratación indefinida y de los costes de la misma".

El documento también llamó al Gobierno de España a la reconsideración de "una modalidad de contrato acorde a la especificidad de las actividades de investigación y transferencia ante la posible paralización del sistema" y solicitó que "se tengan en cuenta las propuestas de Crue durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Ciencia, para que esta cumpla su objetivo".

Para terminar, el texto demandó "un incremento estable y creciente de la financiación pública hasta alcanzar la media de la UE, 2,2%, alertando que en el caso de España, se espera que se sitúe en torno al 1,25% del PIB en el 2030" e instó a "la introducción de una cultura basada en la confianza y la rendición de cuentas que permita simplificar la excesiva carga burocrática que sufren los equipos de investigación, con una transformación legislativa que lleve a un modelo similar a los países europeos del entorno, y permita a los investigadores centrarse en el trabajo de mayor valor añadido".