Sólo 23 días bastaron para que la comisión de investigación de los GAL quedara definitivamente desactivada, después de recorrer un tortuoso camino cargado de polémica y de intereses cruzados por parte de los diferentes grupos parlamentarios, que utilizaron el Senado más como trampolín de sus estrategias políticas que como foro para esclarecer la guerra sucia contra ETA.

La existencia de una investigación judicial en marcha y el hecho de que muchos de los cmparecientes estuvieran incursos en procesos penales relacionados con los GAL hicieron que los trabajos de la comisión quedaran ahogados y sin posibilidad alguna de que se depurasen las responsabilidades políticas derivadas de la trama de los GAL.

El Grupo Popular, uno de los principales promotores de la comisión, decidió solitar su disolución al quedar en minoría frente a un pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes y vascos, que posibilitó la anulación de siete de las quince comparecencias slicitadas.

Entre ellas se encontraban las de personajes clave en la investigación, como el caso del ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex subsecretario de Interior Carlos Sanjuán, el ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, los comisarios Francisco Alvarez y Miguel Planchuelo y el ex jefe de operaciones del CESID Juan Alberto Perote.

El nacimiento de la comisión de investigación de los GAL, la primera de estas características creada e el Senado, estuvo trufado desde el principio de una serie de obstáculos y de impedimentos legales y reglamentarios que hacían vislumbrar un futuro más que incierto.

El pleno de la Cámara Alta, en una sesión histórica en la que sólo faltó a la cita el senador de Herri Batasuna (HB), José Luis Elkoro, acordó el pasado 18 de octubre la creación de la comisión, por un apretado margen de 128 votos a favor y 127 en contra.

FRACASO EN EL CONGRESO

Los populares, aprovechando su condición de grupo mayoitario en la Cámara, retomaron una iniciativa que fracasó con anterioridad en el Congreso y consiguieron el apoyo de los nacionalistas vascos y canarios, así como el de los representantes del Grupo Mixto (IU, EA, UV, CDN, HB y PIL).

Los grupos proponentes justificaron su demanda en la necesidad de esclarecer los atentados perpetrados por los GAL, que, en su opinión, constituyeron uno de los acontecimientos más graves de la democracia. Sin embargo, PSOE y CiU, que rechazaron la medida, sólo vieron en ela un propósito electoralista y de desgaste del Gobierno.

La "comisión GAL" contó desde el principio con dos sectores opuestos: el "bloque del sí", integrado por PP, IU, PNV y CC, y el "bloque del no", formado por socialistas y nacionalistas catalanes.

Sin embargo, los grupos que estuvieron a favor de la creación de la comisión no pudieron mantener una estrategia común, ya que los populares querían dejar al margen a Intxaurrondo y al general Enrique Rodríguez Galindo, mientras que el PNV insistíaen la necesidad de investigar las sospechas que recaían sobre el cuartel de la Guardia Civil y sus principales responsables.

Por su parte, el Grupo Socialista se cuidó de dejar claro que el Senado no podía exigir responsabilidades políticas, por entender que ésa es una competencia asignada al Congreso, al tiempo que denunció reiteradamente que detrás de la "comisión GAL" se escondía un intento por desgastar a Felipe González y a su Gobierno.

18 COMPARECENCIAS

El 16 de noviembre, y tras una maraoniana sesión que se prolongó hasta primeras horas de la madrugada, los miembros de la comisión acordaron la celebración de 18 comparecencias, entre las que no figuraba la del jefe del Ejecutivo.

Lo más llamativo fue la actitud de CiU, por aquel entonces inmersa en el proceso electoral catalán, que decidió apoyar las comparecencias de Serra, Barrionuevo, Manglano y Perote, a pesar de que en un principio había anunciado que se opondría a ellas.

Finalmente, el 26 de noviembre se iniciaron las compaecencias -a puerta cerrada- con la presencia en el Senado del ex director de la Policía Rafael del Río y los responsables de la investigación del "caso Lasa y Zabala", el comisario general de la Policía Judicial, Enrique de Federico, y el general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Francisco Fuentes.

Las sesiones sirvieron de poco, ya que Rafael del Río no aportó datos nuevos sobre lo ya conocido acerca de la trama de los GAL, mientras que los dos funcionarios de Interior se acogiero al secreto de sumario para justificar su negativa a aportar datos sobre sus pesquisas.

EXCUSAS DE PAESA

En los días siguientes, y ante la sorpresa de los comisionados, otro de los comparecientes, Francisco Paesa, informó desde Moscú de que sus negocios le impedían desplazarse a Madrid para declarar en el Senado, mientras que Alvarez y Planchuelo pidieron el aplazamiento de su cita argumentando que sus abogados estarían de vacaciones durante el puente de la Constitución.

Con este panorama, y ane la imposibilidad de llevar a cabo la investigación con unas mínimas garantías, los portavoces y los miembros de la comisión celebraron una reunión en la que el PSOE, CiU y PNV hicieron valer su mayoría para anular las comparecencias de Serra, Barrionuevo y otros imputados en el "caso GAL".

Una vez firmada el acta de defunción de la comisión, el PP propuso su liquidación al considerar que había quedado vacía de contenido. Su portavoz, Angel Acebes, dijo que su grupo no estaba dispuesto a participar e un "esperpento" que sólo iba a contribuir a desprestigiar al Senado.

Bernardo Bayona, del PSOE, arremetió contra los populares y señaló que no habían sabido gestionar su mayoría en la Cámara Alta y que decidieron acabar con la comisión tras comprobar que no podrían utilizarla contra el Gobierno.

Al final, la polémica "comisión GAL", que fue fruto del oportunismo político, no sirvió para prestigiar una institución que, como el Senado, es objeto de numerosas críticas por su escasa relevancia polítca y por su papel secundario dentro del ámbito parlamentario.