La adjudicación de la segunda licencia de telefonía móvil, que será la primera en ofrecer un servicio en competencia con Telefónica, es junto con la subasta de Banesto, el cocurso público que más espectación ha levantado en la opinión pública durante este año. Supone, en la práctica, el `pistoletazo' de salida a la liberalización de las telecomunicaciones.

Por supuesto que esa licencia no acaba con el negocio exclusivo de las telecomunicaciones en España que tenía hasta ahora Telefónica, porque conserva el más importante, la telefonía básica que todos usamos. Pero sí es la primera `cuña' que el Gobierno introduce en un grupo que controla como accionista mayoritario a travs de la Dirección General de Patrimonio. Y es que así lo ha impuesto Unión Europea (UE).

Entre las servidumbres de la UE figura la aplicación progresiva del libre mercado en todas las áreas de la economía, y las telecomunicaciones no son una excepción. De hecho, en España nos hemos rezagado, y en liberalizaciones como la del teléfono móvil nos han tomado la delantera países como Portugal, que llevan ya un año disfrutando de las excelencias de la libre competencia.

El Gobierno, sin embargo, no quire que le pase lo mismo para el resto de decisiones que le faltan por tomar hasta 1998 -año de liberalización total de las telecomunicaciones- y ha dispuesto un Plan Nacional de Telecomunicaciones que es, en palabras de altos responsables del Ejecutivo, su compromiso formal.

El plan incluye las líneas maestras para romper el monopolio de Telefónica sin causar demasiados quebrantos a una empresa en la que el Gobierno es parte interesada, pero cumpliendo los plazos de la Unión Europea. De hecho, 1995 emezará con dos proyectos de ley "calentitos" haciendo cola para su tramitación en el Parlamento, la Ley del Cable, que hasta junio pasado sólo era de la TV por Cable, y las TV locales.

EL `CABLE'

El `cable', o lo que es lo mismo, la red de fibra óptica que en pocos años cubrirá todo el país, es, según el actual presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, una "gran autopista" con varios carriles por la que circularán imagen y sonido.

Se trata de un negocio de futuro que despierta mucho interés e el mundo del dinero, porque supone disponer de una red por la que transcurre todo tipo de comunicaciones en la era de la información en la que estamos entrando.

Además, es una infraestructura que en mayor o menor medida ya tienen muchas grandes compañías (eléctricas, petroleras, bancos, Renfe, etc) y que pueden aprovechar, incluso extender, para ofrecer un servicio general aportando una nueva y abundante fuente de ingresos en sus cuentas de resultados.

No obstante, en el sector se señala que el lan de Telecomunicaciones es también la forma que el propio Ejecutivo ha tenido de poner orden en el proceso, y evitar enfrentamientos entre los Ministerios responsables del asunto: Economía, Obras Públicas e Industria.

Las "peleas" internas libradas sobre cómo debía hacerse el consurso de telefonía móvil o el ajuste de tarifas telefónicas, llevaron a pensar en lo oportuno de "un Plan para matar dos pájaros de un tiro: no más diferencias y aviso a Bruselas de que las cosas se van a hacer a tiempo", añden.

Así, ni Economía se centrará exclusivamente en los ingresos que puede obtener el Estado para reducir el déficit, ni el MOPTMA se limitará a velar por la calidad y universalidad del servicio sin lesionar a Telefónica, ni Industria pedirá fuertes condiciones industriales y de empleo; exigencias todas ellas que en el caso de la telefonía móvil han encarecido seriamente la inversión prevista elevándola en unos 100.000 millones de pesetas -ahora se habla de unos 250.000 millones de presupuesto en 5 añs-.

PRIMEROS ABANDONOS

Estas cifras han llevado a grandes grupos empresariales y financieros, El Corte Inglés, Repsol, Caja de Madrid o FCC, la constructora de las hermanas Koplowitz, a reconsiderar su posición en un fuerte compromiso inversor sin que aún no esté clara la intensidad de la recuperación económica ni las condiciones para optar al gran negocio del Cable. Y optaron por retirarse.

Mientras todo esto ocurría en 1994, los responsables de Telefónica se han afanado en demostrar que no pirden el tiempo y que "se han puesto las pilas", ya que junto a la consolidación de un grupo internacional aliado a grandes operadoras del negocio mundial de las telecomunicaciones, ha trazado un plan para ganar clientes allí donde primero le vendrá la competencia más directa, la telefonía móvil.

La polémica compra de las compañías telefónicas de Perú por Telefónica Internacional han empezado a demostrar, según algunos analistas financieros, que tenía el componente estratégico que decían los máximos reponsables de la compañía.

En Telefónica aseguran que "nuestra presencia en Sudamérica ha sido la carta de presentación", primero para aliarse con la europea Unisource (Suecia, Suiza y Holanda) y más después con la nortemaricana ATT y World Partners (que agrupa la zona asiática), constituyendo una empresa capaz de dar un servicio global en todo el mundo. Esto encierra un fuerte endeudamiento al que la empresa debe responder rentabilizando sus inversiones.

Dentro de las fronteras, la actividad de Tlefónica ha estado más vinculada a colaborar con el Gobierno para poner en "orden" el futuro mercado de las telecomunicaciones. Así, mientras rebajaba las tarifas de móvil para atraer clientes -sus abonados rondan los 400.000-, asumía una reestructuración de las tarifas básicas del teléfono que tenemos en casa.

La explicación para bajar las llamadas internacionales y subir las urbanas es que estas últimas tienen precios políticos porque no cubren el coste del servicio, y para que Telefónica no pierda inero se estaban subvencionando con tarifas más caras en las llamadas al extranjero.

"Para competir, esta situación debe finalizar", dijo Cándido Velázquez a Borrell, y éste lo asumió acometiendo una reforma de los precios en 1994 que sólo ha acabado con la mitad del desequilibrio que había. La idea era modificar las tarifas en dos años, pero la polémica con Economía respecto a su repercusión en el recibo y, por consiguiente en un alza del IPC, ha llevado a la Secretaría General de Telecomunicacionesreconsiderar el calendario. "Se apurará el plazo", ha dicho Elena Salgado, y el plazo acaba en 1998.