La crisis de la cooperativa de viiendas PSV, que se fraguó a lo largo de 1993, ha tenido sus principales consecuencias en el año que ahora acaba. Y en contra de lo que en un principio se podía pensar, no ha perjudicado sólo a los socios cooperativistas, que siguen sin sus casas, sino que ha puesto de manifiesto las amplias implicaciones de este proyecto fallido, bien visto en su principio por amplios sectores oficiales.

Así, la PSV ha logrado enfrentar a los cooperativistas entre sí por la mejor forma de solucionar el problema; ha llvado a la cárcel al antiguo gestor y creador del proyecto, Carlos Sotos, y a un legendario dirigente socialista, Paulino Barrabés; ha dejado a un sindicato (UGT) al borde de la ruina y con su histórica credibilidad mermada, y ha puesto de manifiesto la lentitud del Gobierno para resolver un problema social que afecta a más de 13.000 familias.

Ya desde finales de 1993 empezaba a vislumbrarse que el problema de PSV iba a arrastar cola. Los esfuerzos "tardíos", como se reconoció más tarde en el sindicatoUGT, para solucionar el problema chocaron con el grave desfase financiero de la cooperativa, superior a los 18.000 millones de pesetas.

UGT se ha visto obligada a tirar de su precario patrimonio para intentar salvar a la PSV, pero tuvo que contar con el apoyo del Gobierno, que tardó mucho a la hora de decidirse y lo hizo a través de un aval del ICO por 10.500 millones a principios de año (en realidad era sólo una subrogación de un crédito que ya tenía IGS). Hay que recordar que el 27 de enero se realió la segunda huelga general convocada por los sindicatos contra la política económica del Gobierno y que el propio Carlos Sotos ha denunciado que el Gobierno condicionó su ayuda a PSV a que el sindicato renunciara a esta protesta.

Los poderes públicos han mantenido desde que se gestó el problema una actitud distante, actuando sólo cuando la crisis podía afectarles por las consecuencias sociales del problema. Pero casi todo el mundo olvida que IGS-PSV utilizó en su publicidad las 460.000 viviendas oficales previstas por el Ministerio de Obras Públicas en su Plan de Viviendas, y que la Administración no se dignó protestar. Y también que la Comunidad de Madrid apoyó en sus orígenes el proyecto PSV sin ambages, poniendo a su disposición grandes extensiones de suelo público.

La escasa decisión del Gobierno ha contribuido a ralentizar la solución del problema. Este, ante las numerosas peticiones de diferentes actores implicados, tuvo que realizar en la práctica dos intervenciones administrativas de la coperativa, la primera de las cuales fracasó por su tímida implicación en la crisis.

Esa primera intervención se produjo en febrero, cuando el Infes (Instituto de Fomento de la Economía Social) instó al juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV, a que nombrará unos administradores judiciales, para que, encabezados por Javier Ledesma, vicepresidente de la Asamblea de Madrid, solucionaran el problema.

DINERO, MAS DINERO

Pero el problema no se podía solucionar sin un aoyo financiero que terminase de cubrir el 'agujero' de la cooperativa, junto a los sobreprecios del 7 por ciento a pagar por los cooperativistas. En mayo, el Gobierno tuvo que poner a disposición de PSV otro aval del ICO de 8.700 millones de pesetas, a la vez que nombraba a Valeriano Gómez, un hombre del ministro Griñán, administrador único de la cooperativa.

Gómez, con más apoyo gubernamental, está siendo clave para solucionar el problema y como experto liquidador está vaciando PSV e IGS de cooperatiistas y de activos, a través de un proceso de segregaciones, de forma que cualquier complicación posterior no impida la construcción de las viviendas.

Las primeras dificultades ya se han producido, precisamente por la sed de justicia de muchos cooperativistas contra los antiguos gestores de PSV. El juez Moreiras, de la Audiencia Nacional, ha hecho caer la máxima responsabilidad en el otrora 'alma mater' del proyecto y gestor hasta el año pasado, Carlos Sotos, y mantiene como inculpados a tres directivs más, entre ellos el histórico líder socialista Fermín Bretón.

Paradójicamente, ha sido este proceso judicial penal el que ha puesto en peligro la solución del problema, porque las cantidades reclamadas por los cooperativistas en concepto de responsabilidad civil pueden provocar un embargo de los propios bienes de PSV, conjuntamente con los de UGT.

El auto de Moreiras ha provocado que el sindicato tema realmente por su existencia económica, que los cooperativistas contrarios a esta actuación se nfrenten con los partidarios (la mayoría de ellos convencidos por sus abogados de la inocuidad del embargo para la construcción de sus viviendas) y que el juez de la suspensión de pagos de PSV, Enrech, mostrara su enfado por una decisión que hacía peligrar todos sus esfuerzos por lograr una solución al problema.

EL HUECO DE LA LEY

Al final, las cosas se van clarificando. Argentaria ha eliminado uno de los escollos que podrían provocar la quiebra de PSV en el proceso de suspensión de pagos: se ha heco cargo de la deuda de 7.125 millones que la cooperativa mantenía con las constructoras, que a cambio de la seguridad de cobrar a plazos han aceptado una quita del 20 por ciento.

El administrador de PSV, Valeriano Gómez, es consciente de que no habrá embargo mientras haya suspensión de pagos en IGS-PSV, y para cuando se realicen los respectivos convenios de acreedores espera tener segregadas todas las promociones, con lo que una hipotética orden en este sentido desde la Audiencia Nacional no afectaríaa la construcción de las viviendas.

Por ahora, ya se han segregado más del 70 por ciento de las promociones y en la de Madrid Sur se han reiniciado las obras. Después de los momentos por los que ha pasado, Gómez empieza a pensar que los milagros existen, si uno hace lo posible para que se hagan realidad.