El responsable de Economía del Grupo Parlamentario de IU, Pedro Antonio Ríos, dijo que esta medida denota "un cierto grado de confesionalidad" y añadió que "no es lógico que con el erario de todos se financie a la Iglesia".

"Lo que debe hacer el Gobierno no es aumentar el porcentaje para que la Iglesia recaude más, sino decirle a la Iglesia que tiene que aumentar su grado de militancia para conseguir más dinero", puntuaizó.

Por su parte, la diputada del PSOE Matilde Fernández declaró que "a finales del siglo XX la Iglesia debería estar pensando en otras fórmulas no dependientes de los presupuestos de un Estado".

Por otro lado, el portavoz de la Ferede, Pedro Tarquis, acusó al Gobierno de beneficiar a la Iglesia católica y discriminar a otras confesiones, como la judía, la musulmana y la protestante. "El apoyo del Gobierno a una confesión determinada no respeta la obligatoriedad del Ejecutivo de tratar a todas ls confesiones por igual, ya que vivimos en un Estado laico", dijo.

La respuesta del Ejecutivo la realizó el diputado del PP Gabriel Cisneros, quien declaró a Servimedia que el aumento de la asignación a la Iglesia católica a través del IRPF se basa en los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno socialista con las autoridades eclesiásticas.

No obstante, Cisneros apuntó que el Estado debe cooperar con las confesiones religiosas que tengan una implantación social relevante y añadió que la caólica "tiene una significación sociológica más intensa que las demás".