Según la FEMP, esa disposición modifica la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a fin de rducir los ingresos que los ayuntamientos y diputaciones provinciales obtienen de la Administración central.

Para la FEMP, la modificación de la Ley de Haciendas Locales exigiría un acuerdo previo de los ayuntamientos y las diputaciones con el Ministerio de Economía, y en ningún caso podría realizarse a través de los Presupuestos.

En consecuencia, ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, dependiente del Ministerio para las Administraciones Públicas, paa estudiar la posibilidad de pedir un dictamen al Consejo de Estado sobre este conflicto.

Además, la FEMP deplora la "escasa sensibilidad que muestran las instituciones del Gobierno central y los partidos parlamentarios hacia los problemas municipales", a pesar de que éstas "prestan, desde hace años, una gran cantidad de servicios legítimamente demandados por los ciudadanos".

Este acuerdo cuenta con el pleno respaldo de la dirección de la FEMP, que está presidida por el alcalde de Valladolid, el ocialista Tomás Rodríguez Bolaños, y cuyo responsable de Hacienda es el alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, también del PSOE.

La FEMP quiere que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la modificación de le Ley de Haciendas Locales y sobre los ingresos asignados por el Ministerio de Economía a los ayuntamientos y diputaciones en concepto de participación en los ingresos del Estado de 1990.

Para la FEMP, esa asignación debería ser de 957.447 millones de pesetas, 110.000 millones de peseas superior a la estimada por Hacienda, de los que 581.451 millones correspoderían a los ayuntamientos y 375.996 millones a las diputaciones provinciales.

Además, la FEMP reitera la recomendación formulada a todos los ayuntamientos de España para que recurran ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) el importe de la devolución.

Para esta institución, la estimación de Hacienda es errónea porque aplica un mecanismo de ponderación similar al utilizado con las comunidades autónomas, apesar de que no figura en la Ley de Haciendas Locales.