El pasao 8 de junio CiU presentó ante la Cámara Baja una proposición de ley que plantea algunas modificaciones en la citada ley para que las normas de protección costera queden supeditadas a lo establecido en la normativa urbanística.

Narbona dijo que ha recibido escritos de oposición a la propuesta de una veintena de organizaciones ecologistas, que temen que si prospera la iniciativa parlamentaria, el futuro del litoral español quede en manos de los ayuntamientos costeros, al desaparecer las restricciones qe actualmente impiden las construcciones en la franja costera.

Además, desaparecería la protección que la Ley de Costas (en la que predomina un marcado carácter conservacionista) otorga a las playas y zonas de servidumbre y tránsito, lo cual podría favorecer la aparición de movimientos especulativos en estas áreas.

La secretaría de Estado de Medio Ambiente reconoció que antes de la aprobación de la actual Ley de Costas, numerosos ayuntamientos permitieron la ocupación del espacio marítimo.

S departamento ha elaborado un informe en el que muestra su opinión desfavorable a las propuestas de CiU, que en cualquier caso tendrán que ser debatidas en el Parlamento.

Sin embargo, Narbona añadió que sí existe la posibilidad de aplicar mejor la legislación sobre costas y apuntó que, para conseguirlo, habrá que introducir alguna modificación en la Ley del Suelo.

PRESUPUESTOS

Respecto a los presupuestos de su departamento para 1995, explicó que la reducción de 2.060 millones que experimenta lapartida destinada a la Dirección General de Política Ambiental, es consecuencia del descarte de un proyecto que surgió, cuando todavía no ocupaba la Secretaría de Estado, para la construcción de un Centro de Caracterización de Residuos Peligrosos.

Cristina Narbona explicó que, al cambiar la política de residuos tóxicos, primando, dijo, la reducción de la producción y la implantación de tecnologías más limpias, este tipo de centros son innecesarios.

La intención de su departamento es que este tipode políticas reduzcan a la mitad la producción de residuos tóxicos, que en la actualidad asciende a más de tres millones de toneladas anuales. Los desechos que no puedan ser eliminados se trasladarán a la red de depósitos de seguridad que la Secretaría de Estado pretende crear participando en su financiación.

A este tipo de actuaciones hay que añadir los proyectos de descontaminación de suelos que se ejecutarán durante los próximos cinco años, que requerirán una inversión de 70.000 millones y afectará a 3 millones de metros cúbicos de suelos.

La secretaría de Estado también destacó las ayudas que recibirá España hasta 1999 procedentes de la Unión Europea, que se situarán, según la previsión actual, en 903.436 millones de pesetas, merced a las aportaciones de los Fondos Feder, Feoga Garantía, Life, Feoga Orientación y los Fondos de Cohesión.

En 1995 los fondos comunitarios para proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente ascederán a 152.459 millones de pesetas, a los que hay ue agregar la aportación que realizarán las administraciones central, autonómicas y locales (46.786 millones de pesetas) para poder ejecutarlos.