Sala, designado senador en las últimos comicios autonómicos, comtinuará siendoparlamentario después de las próximas elecciones generales y, como aforado, sólo puede ser investigado por el alto tribunal con permiso de las Cámaras.

Sólo en caso de que el senador dimita de su cargo y no se amplíe la querella a más aforados, la causa volvería a los juzgados de instrucción ordinarios de Barcelona, que fue donde el ex administrador de Filesa, Carlos van Schouwen, presentó la denuncia contra Navarro, Sala, Alberto Flores y Luis Oliveró.

De momento, Sala se ha negado a presentar s dimisión por entender que constituiría "una iniciativa poco pensada y contradictoria", ya que supondría un reconocimiento por su parte de su responsabilidad en el caso o podría interpretarse también como un intento de sustraerse a la acción instructora del Tribunal Supremo.

Además, todos los indicios apuntan a la posibilidad de que el magistrado instructor amplíe la querella a otros altos cargos del PSOE, después de que Barbero se dirigiera a la Junta Electoral Central para que le proporcionara los nmbres de 63 administradores nombrados por los socialistas para las dos últimas campañas electorales.

El magistrado ha detectado irregularidades en la contabilidad de las campañas de 1989 y 1992, que podrían constituir un delito electoral y, en la lista de los admnistradores, figuran dipuatdos nacionales y autonómicos que podrían verse implicados en la causa.

Barbero presentará la próxima semana a la Sala de lo Penal un informe en el que detalla los indicios de delito que atisba en el comportamieno de los parlamentarios querellados.

Sin embargo, según fuentes de este organismo, en el texto no se incluye la petición de suplicatorio para proceder contra los aforados, lo que hace suponer que el magistrado podría acceder a las peticiones de algunas de las acusaciones del caso para ampliar la querella a más personas.

En esta propuesta destacan, además del ya destituido Guillermo Galeote, el vicesecretario del Partido Socialista, Alfonso Guerra, y el portavoz parlamentario, Eduardo Martín Toval