Así lo indicaron en una declaración institucional acordada por la mayoría de sus miembros en la junta de Gobierno del organismo, después de se conociese el acuerdo de los socialistas con el partido de Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Esta entidad subrayó que existe un “riesgo real” de deslegitimación de la Constitución “como base y fundamento de la convivencia en nuestro país” y advirtió, desde el “respeto” a la pluralidad política, que la conformación de mayorías parlamentarias “ha de estar supeditada, siempre, al principio de legalidad constitucional”.

"APOYO SOLIDARIO" A LOS JUECES

Asimismo, subrayó que las concesiones económicas pactadas que se pretenden realizar “provocarán diferencias entre las regiones para invertir en políticas de prevención del delito, con el consiguiente deterioro de la convivencia pacífica”.

También, criticó que la instrumentalización de la justicia "con fines políticos no tiene cabida en un Estado democrático", toda vez que la independencia judicial y la sumisión de los jueces a la Ley “constituyen un presupuesto del Estado de derecho” que “debe ser respetado por todos los actores públicos y privados que conforman el Estado que entre todos nos hemos dado”.

Por ello, la entidad efectuó un llamamiento “a la responsabilidad en defensa del Estado de derecho y el apoyo solidario a los jueces y tribunales de este país” cuya función, tal y como declara la Constitución, constituye “en sí mismo un poder que en ningún caso puede estar sometido a otro”.