En la lectura de las conclusiones, tanto el fiscal como la acusación particular desestimaron la argumentación del acusado Manuel Lorenzo, que atribuyó la autoría material de cuádruple asesinato a una tercera persona que no identificó.

Los acusadores público y particular coinciden en señalar a los ex policías como únicos autores de los asesinatos del empresario granitero, su esposa Pilar Sanromán, la hija de ambos, Marta Fernández, y la asistenta de la familia, Ana Isabel Iglesias, por lo que han solicitado para cada uno de ellos un pena de 221 años y seis meses de prisión.

Esta petición se hace contemplando el acuerdo de todas las partes de aplicar el antiguo CódigoPenal, por considerarlo más favorable para los encausados que el actualmente en vigor.

El ministerio público difiere sin embargo del abogado de los hijos del empresario asesinado en la petición de indemnizaciones, que el fiscal estableció en 200 millones de pesetas, cifra sensiblemente inferior a los 2.000 millones solicitados por la acusación particular.

Ambos vuelven a coincidir no obstante, en señalar la condición de funcionarios de los dos acusados, por lo que apuntan al Estado como responsabe civil subsidiario, una consideración apoyada además por el acusador del Sindicato Unficado de Policía, también personado en la causa.

La subsidiariedad de la Adminstración fue rechazada por el abogado del Estado, quien recordó la situación de suspensión de empleo y sueldo en que se encontraban los acusados en el momento cometerse el crimen.

El defensor de los ex policías reconoció que Manuel Lorenzo y Jesús Vela retuvieron a la familia durante dieciocho horas, por lo que califcó los hechos como"delito con retención de rehenes" y exculpó a los acusados del delito de asesinato.