En una rueda de prensa, los diputados populares Luis Ramallo y Rogelio Baón recordaron que ya en la anterior legislatura el PP presentó varias propuestas legislativas relativas al régimen penitenciario y al cumplimiento de las condenas por los presos.

Una de estas proposiciones, que todavía están vigentes, ya que fueron presentadas el pasado mes de octubre, pretende que sólo accedan al tercer grado, que supone un régimen peniteciario más abierto, aquellos internos que hayan cumplido la mitad de su condena.

En la otra iniciativa, el PP postula que en los casos de condenados por delitos de violación los permisos penitenciarios sean concedidos siempre teniendo en cuenta un informe psiquiátrico previo y que la clasificación por grados de los presos, que ahora es competencia de la Administración, sea realizada por los jueces de vigilancia penitenciaria, con el fin de evitar enfrentamientos entre ambos.

El PP también incluyeen esa proposición que la redención de penas por trabajo no sea aplicada a condenados por narcotráfico ni a terroristas y no descarta extenderlo a otro tipo de delincuentes, como los violadores.

A juicio de Rogelio Baón, el hecho de que el titular de Justicia anuncie ahora un cambio en la legislación para vigilar la concesión de permisos penitenciarios, así como un endurecimiento de las reducciones de condena, "sólo puede ser atribuible a un ejercicio de impudor político", porque, a su juicio, se aproecha del triple crimen de Alcásser.

Por su parte, Ramallo criticó también a De la Quadra por anunciar estas modificaciones legislativas en las páginas de los periódicos, cuando, en su opinión, deberían ser objeto de un debate parlamentario. El PP solicitó hoy la comparecencia del ministro en la Comisión de Justicia del Congreso.

Los diputados populares también solicitaron la comparecencia del ministro del Interior, José Luis Corcuera, para informar del grado de eficacia de la Ley de Seguridad Ciuadana, y recordaron que esos datos les fueron negados con anterioridad por el ministro, a quien criticaron el que haya afirmado que con este suceso se demuestra la virtualidad de la "Ley Corcuera", "cuando uno de los presuntos asesinos ha estado en su casa casi diez meses después de quebrantar un permiso penitenciario".

Finalmente, indicaron que el PP no quiso efectuar declaraciones durante este fin de semana sobre el crimen de Alcásser porque, a su juicio, no era la hora de hacer oportunismo, "pero s es la oportunidad de recordar que el Grupo Parlamentario Popular, y eso hay que hacerlo desde la serenidad, había presentado estas proposiciones".