Según informaron los convocantes, el despacho profesional abrirá "un cauce independiente para recibir eventuales denuncias". Además, "revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto".

Esta auditoría se suma a otras iniciativas políticas y judiciales que se han impulsado desde dentro y fuera de la Iglesia, como los primeros pasos que se han dado en el ámbito parlamentario para crear una comisión de investigación en el Congreso, a iniciativa de Unidas Podemos; otra con expertos capitaneada por el Defensor del Pueblo, a petición del PSOE, y el requerimiento de información de la Fiscalía sobre los casos que se están investigando actualmente sobre abusos en el ámbito religioso, y de los que se han conocido más de medio centenar en toda España.

Asimismo, congregaciones como La Salle están comunicando a la justicia nuevos casos de denuncias por abusos que tuvieron lugar hace décadas, después de que el escritor Alejandro Palomas, informase públicamente que fue abusado de niño por un sacerdote en un colegio de Barcelona.

A la par, continúan en funcionamiento las oficinas diocesanas para atención a las victimas de abusos, promovidas desde la Conferencia Episcopal, que también creó una coordinación, especialmente destinada a aquellas provincias eclesiales con menos medios. En la reciente visita 'ad limina' de los obispos españoles con el Papa, éstos subrayaron que en el Vaticano se veía "bien" los pasos iniciados desde la iglesia española sobre los abusos, por lo que se descartó inicialmente una comisión de investigación independiente.