Aunque en 1992 la CE reguló la pesca con redes de deiva, imponiendo una longitud máxima de 2,5 kilómetros por embarcación, la norma es "ampliamente infringida por las flotas italianas y francesas", según la organización ecologista.

La falta de control en alta mar hace inútil cualquier restricción sobre el uso de redes de deriva. Por ello, los pescadores españoles y Greenpeace exigen una prohibición total de este tipo de pesca.

Los colectivos coinciden en que el Gobierno español debe defender con firmeza la propuesta en los próximos consejos de minstros comunitarios antes de que finalice 1993.

La asociación asegura que la continua aparición de ballenas, cachalotes y delfines muertos enmallados en redes de deriva pone de manifiesto "la masacre originada por este sistena de pesca sobre las poblaciones de cetáceos".