En total la cifra se ha elevado durante en el periodo citado hasta 1.515, cifra que casi iguala a la registrada durante todo 2005, cuando se ejecutaron 1.591 prestaciones, según informó hoy la Junta andaluza.

Esta prestación es una de las catorce medidas judiciales que pueden imponer a los menores infractores, y de las denominadas de medio abierto, puesto que no suponen la pérdida de la libertad del menor, como detalló la Junta.

Es una medida impuesta por el juez de menores que debe ser aceptada o consentida voluntariamente por el menor, y que se traduce en actividades relacionadas con el interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se ejecutan desde la Dirección General de Reforma Juvenil, perteneciente a la Consejería de Justicia y Administración Pública

La duración de estas prestaciones no puede superar las 100 horas, salvo en el supuesto de los menores que tengan más de 16 años al cometer los hechos delictivos, siempre que los mismos se hubiesen cometido con violencia o intimidación, incluso con otro tipo de circunstancias, en cuyo caso se les podrán imponer prestaciones de hasta 200 horas.

Durante la prestación de la actividad (PBC), el menor que tenga más de 16 años, y durante el periodo que se encuentre ejecutando esta medida, es dado de alta en la Seguridad Social a los efectos de accidentes laborales y enfermedad profesional por la Administración, y le es de aplicación, además, la normativa de prevención de riesgos laborales.

Para los menores de 14 a 16 años, la entidad pública le garantiza una cobertura por los accidentes que pudiera padecer durante el desempeño de la prestación y una protección que no será inferior a la regulada por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.