La plataforma actuará de forma colectiva por la vía judicial y contactará con las academias y entidades financieras implicadas para tratar de lograr un acuerdo.

El problema de estos centros deriva de la existencia de contratos de financiación con un tercero en un elevado número de casos.

Ante el cierre de la academia, el usuario se encuenra en una clara situación de inferioridad, ya que a pesar de dejar de recibir el servicio contratado, la entidad financiera con la que firmó un crédito (muchas veces sin saberlo) le sigue exigiendo el pago del mismo.

Adicae dice que ha detectado numerosas prácticas irregulares en la contratación de los cursos que ofrecen algunas academias, como que sea un menor de edad el que firma el contrato y al que, al menos teóricamente, se le informa del tipo y condiciones de la financiación, o que no se entregu (como legalmente se establece) copia del contrato de financiación al cliente.