El texto contó con el apoyo del PP y de los nacionalistas catalanes y vascos, logrando imponerse con 128 votos a favor y 103 en contra. Ahora se enviará al Congreso, donde comenzará su trámite habitual y donde podría ser frenado por la mayoría del PSOE y sus socios.

La proposición de ley de CiU plantea una modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de la Función Pública para que la suspensión por maternidad o paternidad pase de las 16 semanas actuales a ser de 20 semanas ininterrumpidas.

De ellas, las seis primeras, inmediatamente posteriores al parto, corresponderían obligatoriamente a la madre -igual que ahora-, otras diez semanas podrían ser disfrutadas por el padre o la madre indistintamente -también igual que ahora- y las cuatro restantes sólo podrían ser utilizadas por el padre. Si el padre optara por no disfrutarlas, estas cuatro semanas se perderían.

La senadora de CiU Rosa Nuria Aleixandre defendió su proposición como un elemento de "discriminación positiva dirigido a los padres, a los efectos de permitirles la posibilidad de disfrutar un cierto periodo de descanso en los supuestos de paternidad, independientemente de si la madre opta por reservarse todo el periodo de descanso o si desea compartirlo con el padre".

Según CiU, se permitiría así a los padres "disfrutar de los primeros meses de vida de sus hijos, se reforzarán los lazos afectivos entre padres e hijos y se incentivará la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares".

PARTOS MULTIPLES E HIJOS DISCAPACITADOS

La proposición de ley también prevé la ampliación de dos a cuatro semanas por cada hijo de los permisos de maternidad en los casos de parto o adopción múltiple e incrementar en cuatro semanas más el periodo de descanso en el caso de parto o adopción de un hijo con discapacidad.

El senador socialista Arcadio Díaz Tejera explicó que su voto negativo a esta medida no se debía a que estén en contra de ella, sino a que no están de acuerdo en "el cómo y el cuándo".

Según los cálculos del senador del PSOE, la puesta en marcha de estas nuevas cuatro semanas de permiso de paternidad tendría un coste de 362 millones de euros.

Y argumentó que si esta aportación la tiene que sufragar el Estado se debería decidir en el seno de las conversaciones sobre el Pacto de Toledo, mientras que si fuera a salir de las arcas de las empresas, la determinación deberá enmarcarse entonces en el proceso de diálogo social abierto en la actualidad.

Similares argumentos esgrimió la representante de la Entesa Catalana de Progrés, María Burgués, quien tampoco entendió que éste sea el momento y la forma adecuados para adoptar esta reforma.

Las senadoras Cristina Tejedor, del PP, e Inmaculada Loroño, del PNV, coincidieron en apoyar los efectos beneficiosos que tendría esta medida en el reparto de las tareas familiares.