La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, afirmó en un comunicado que "la prueba de que no están arrepentidos” es que “son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente Sare pero también por el propio Sortu, en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación”.

“Es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley”, defendió Ordóñez.

El pasado verano, “ambos etarras han sido exhibidos y jaleados durante varias fiestas populares”, un periodo en el que Covite ha documentado 71 actos de apoyo a ETA en el espacio público. “No se puede estar con Sortu y estar arrepentido”, insistió Covite.

Covite criticó que la nueva consejera de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, “haya decidido continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos, tal y como hacía el PNV, después de haber prometido en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA”.

Ordóñez expresó su “decepción total” con la nueva consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco porque "están jugando con un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho".

Asimismo, el colectivo de víctimas censuró que estas “excarcelaciones encubiertas” de presos de ETA se estén produciendo ante “un silencio generalizado y atronador”. “Ningún partido político, ni los del gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas —excepto Covite— están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA”, lamentó.

Por último, Covite reclamó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir”, dado que es "la única institución que puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas".

Del mismo modo, exigió a la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco que acredite “en qué han basado el arrepentimiento de estos dos presos de ETA a los que tan alegremente han concedido estas progresiones de grado”.

Mariñelanera fue condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez Elorza en 2000; e Iragui lo fue por tres asesinatos en ese mismo año en Andalucía a José María Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos.