Durante un desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Costa planteó la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas en la economía española, dado que España "está recibiendo noticias económicas que no son positivas".

A su juicio, los ciudadanos deberían "hacer balance de gestión" a la hora de votar el 9 de marzo y tener en cuenta que para el Ejecutivo de Zapatero "no ha existido política económica" a lo largo de estos cuatro años de legislatura.

"Se ha derrochado una oportunidad histórica para que España dé un nuevo salto y el ministerio es responsable de muchas cosas que han pasado", dijo. "El Gobierno no ha hecho reformas, no ha tomado decisiones de política económica y no se ha preocupado de gestionar la economía".

Costa defendió el derecho del PP a criticar la labor económica del PSOE dado que el Gobierno de Zapatero "niega la realidad de manera permanente" para no reconocer su "responsabilidad".

Aseguró que "lo primero que debe hacer un gobierno es un diagnóstico realista, no de espaldas a la realidad de la economía española", ya que "eso al final supone engañar a las personas".

Como alternativa, Costa reiteró la promesa de Mariano Rajoy de suprimir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los trabajadores que ganen menos de 16.000 euros y reducir el Impuesto de Sociedades para todas las empresas.

Adujo que estas reformas "no tienen que tener impacto en la recaudación" porque el PP incluso prevé aumentarla gracias al impulso que, en su opinión, supondría para la economía española una rebaja de impuestos.

Costa destacó que esta reforma fiscal es "ambiciosa" y cuenta con tres tramos (20%, 30% y 40%) "que dan transparencia" al sistema.

Al hablar de inmigración, el director del programa electoral se limitió a repetir la propuesta de contrato de integración anunciada por Mariano Rajoy y a destacar que la llegada de extranjeros es un factor "muy importante" para el mercado de trabajo en España.

Finalmente, rechazó el canon digital aprobado por el Gobierno de Zapatero por tratarse de una "fórmula discriminatoria" y apostó por buscar otras soluciones, sin concretar cuáles.