Dicho Reglamento, que ya fue aprobado por el Parlamento con el consenso del Gobierno, CiU y PNV, introduce la supresión del periodo de cómputo institucional, estableciendo un periodo abierto.

Asimismo, etablece un proceso arbitral, consensuado entre empresarios y representantes de los trabajadores, con la intención de evitar los masivos recursos jurisdiccionales en los procesos electorales.

En la rueda de prensa posterior, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rublacaba, destacó que la nueva Ley de Elecciones Sindicales tiene como objetivo "evitar la tensión social y económica en la empresa", "reducir la conflictividad", y desjudicializar el proceso electoral sindical", afirmó.

Según Rubacaba supone una "norma consensuada fruto del diálogo social", y por el cual, "el Gobierno se limitará a ser garante fedatario de las elecciones sindicales".

Dicho reglamento consta de tres capítulos en los que se regula el acceso a los registros de las Administraciones Públicas, las Oficinas Públicas Provinciales y la Estatal, las reclamaciones en materia electoral y el procedimiento arbitral con las que se pretende "ganar en agilidad, rápidez y eficacia en la resolución de las reclamaciones que se pudan presentar".