Durante su intervención en defensa de la iniciativa, el portavoz de Vox, Tomás Fernández, juzgó como un “hecho constatable” la “creciente preocupación” sobre el “incremento” del juego en España y, sobre todo, “entre esos colectivos que podemos considerar más vulnerables, como es el caso de nuestros jóvenes”.

“Unos jóvenes cuya ratio aumenta constantemente entre aquellos que han normalizado el juego como una parte más de su ocio habitual sin ser conscientes, además, en muchos casos, del riesgo que esta práctica conlleva”, abundó, para indicar que, aunque en los últimos años “se ha ampliado de forma notable la regulación del juego en nuestro país, persiste pese a todo un desequilibrio normativo de base sobre todo lo relativo a la prevención de la adicción al juego en los jóvenes”.

Tras puntualizar que se trata de un fenómeno que, “aunque evidentemente no significa que todo aquel que juega vaya a terminar desarrollando algún tipo de patología adictiva”, es “lo suficientemente serio para que, desde los poderes públicos, se acometan las medidas preventivas e informativas necesarias sobre los peligros que esta actividad podría llegar a ocasionar”.

En este contexto, defendió que “no está claro que la protección que tratan de brindar” las distintas normas en este ámbito “sea suficiente”, convencido de que, “por mucho que vayamos a mejorar en el plano legal, si lo que estamos hablando es de prevención y lo hacemos para personas que están todavía en proceso de formación, es fundamental que en esta prevención estén involucrados de una forma directa los entornos estables en los que esta persona se está formando”, en referencia a la familia.

DAR LA BATALLA EN EL SENO DE LA FAMILIA

“Detectar y prevenir estos problemas en sus inicios pueden ahorrar muchos sufrimientos personales y muchos recursos económicos que, en otro caso, el Estado tendrá que invertir cuando estas actividades hayan degenerado ya en serios problemas de salud”, concluyó, convencido de que es en su seno en el que el Estado “debe dar la batalla fundamental para prevenir los problemas de adicción al juego en general y, sobre todo, al juego online de los más jóvenes”.

Por esta razón, urgió a no escatimar “ni esfuerzos ni recursos” para poder dotar a la familia de la información, los conocimientos y los instrumentos necesarios para “poder realizar esa labor con efectividad”.

El PP presentó una enmienda y, en su turno de defensa, Elena Castillo se mostró “totalmente de acuerdo con la necesidad de focalizar el problema de la adicción al juego de nuestros jóvenes a través de políticas intrafamiliares”, convencida de que “no es posible poner en marcha políticas intrafamiliares sin un gobierno que apueste por ello” y criticó que el Ejecutivo de coalición “no tiene en su hoja de ruta el juego, no se sabe hacia dónde va” y no tienen a esta actividad ni a sus “afectados y sus familias entre sus prioridades”.

En este contexto, coincidió con Vox en la necesidad de promover la formación en el entorno familiar o con un servicio de teléfono gratuito que preste una atención “permanente” de consulta a las “víctimas” de esta adicción y sus familias.

FIJACIÓN DE POSICIONES

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista Rafael Rodríguez reconoció haber esperado una “propuesta un poco más seria” y puntualizó que no sabía “de dónde saca” Vox que la familia es el “lugar predominante de prevención de la adicción al juego”, porque, “en todo su escrito no hay ni una sola referencia que hable de por qué es así”.

“De hecho, si hubiesen investigado un poco más, las investigaciones hablan de multi causalidad como en todos los problemas humanos, pero en la multi causalidad todos los factores no tienen el mismo peso y el peso más importante aquí es la accesibilidad”, sentenció, para denunciar que Vox diga “sin saber muy bien porqué, que el núcleo intrafamiliar es el lugar donde debe actuarse”.

A este respecto, consideró que, “sobre la base de la investigación, no de la opinión”, hay que “actuar en el ámbito escolar, después en el ámbito individual y sobre todo en el ámbito del control de la oferta, de la accesibilidad”.

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Izquierda Confederal Rafael Cofiño afeó que en el texto de la proposición de ley “no hay una exposición adecuada en cuanto a la evidencia para justificar que la familia es el ámbito prioritario de prevención de adicciones”.

“Es un tema metodológico, pero es un tema importante para sustentar la proposición no de ley”, agregó, al tiempo que criticó que Vox solicite estudios “que ya se han realizado” a través del Consejo Asesor de Juego Responsable” o el estudio de prevalencia del año 2022-2023, amén de que, a su juicio, “la iniciativa incurre en problemas competenciales”.