La consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco, manifestó en el pleno de las Cortes regionales que la nueva ley "es la iniciativa más importante, de cara a la integración laboral real de las personas con algún tipo de discapacidad, que haya tomado ninguna administración".

Según Valmorisco, el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple la exigencia de "una accón positiva del Estado al servicio de la libertad, contenido básico de la dignidad humana y de la corrección de las desigualdades, así como el compromiso social básico que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas".

Asimismo, aseguró que ninguna Administración Pública española ha desarrollado, hasta el momento, iniciativas legales que, de forma tan directa y evidente, puedan proporcionar a los discapacitados físico, psíquicos y sensoriales su completa realización personal y su total integración social.

La consejera agregó que "la importancia de esta ley reside en la forma en que aborda el problema de la integración laboral de las personas con discapacidad".

La norma incluye dos medidas fundamentales para lograr los objetivos que se marca: Por un lado, la reserva, en las ofertas de empleo público, de un cupo no inferior al 5% del total de las plazas vacantes para ser cubiertas por personas con una discapaciad igual o superior al 33%. Además, los exámenes para ocupar estas plazas serán específicos para este colectivo.

Junto a estas medidas, el consejero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha explicó que también contempla la creación de una relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Junta, específicos, que serán cubiertos sólo por personas con algún grado de discapacidad originada por retraso mental de al menos un 25%, o por personas con algún otro tipo de discapacidad originada por deficencia permanente de grado igual o superior al 50.