Según fuentes del Tribunal regional, el recurso de casación se presentó en esta instancia en el último día de plazo (el pasado sábado) y en ls próximos días se va a trasladar, con todas las diligencias, al Tribunal Supremo.

La sentencia recurrida por el Parlamento castellano-manchego, que fue dictada el pasado 19 de junio por el Tribunal Superior de Justicia, anuló el acuerdo de la Cámara del 28 de septiembre de 1993, al considerar que vulneraron el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza como derecho fundamental el de la participación política de los cargos públicos, elegidos en sufragio, en igualdad de condiciones.

El órganode Gobierno de las Cortes decidió retener los fondos al PP, al detectar irregularidades en la contabilidad del Grupo Popular entre los años 88 y 92. El PP ha dejado de cobrar alrededor de 200 millones de pesetas por esta decisión del Ejecutivo manchego.