En declaraciones a Servimedia, Cardenal ha manifestado que es de lamentar que "más de la mitad de la población mundial" no haya ratificado el Estatuto de Roma de 1998 para la creación de dicho tribunal.

Cardenal se refirió así al heho de que entre los 66 países que ratificaron el mencionado acuerdo no se encuentran ni Estados Unidos, ni Israel, ni China, ni Rusia.

"Lo más negativo es la actitud de los Estados Unidos, que han manifestado su oposición frontal y activa a la Corte", añadió. "Sin duda, todo ello supone un lastre manifiesto para un eficaz funcionamiento de la Corte".

El fiscal general del Estado agregó que el "flujo histórico en favor de una instancia judicial internacional es tan intenso que hay que pensar que arastrará a quienes hasta ahora lo han visto con reticencia y aún con manifiesta hostilidad".

Tras señalar que la eficacia de la CPI dependerá, "en buena medida, de su real universalidad", Cardenal aseguró que "no cabe minimizar su importancia decisiva en la lucha contra los crímenes que atentan a la Humanidad".

El fiscal general del Estado destacó que, en el ámbito penal, el Derecho Internacional ha cambiado "notablemente su faz: de un principio soberanista y territorialista tradicional se ha pasdo nada menos que a la renuncia de los Estados nacionales a su propio fuero jurisdiccional en el ámbito penal en favor de un tribunal con competencia universal".

En su opinión, la CPI hay que verla como un paso más en la salvaguarda de los derechos humanos y su creación aporta un "elemento indispinsable en lo jurídico: la sanción de las contravenciones".

"Es de esperar que buen número de violaciones, hasta ahora impunes, sean ya castigdas, lo que forzosamente ha de repercutir en un más cuidado repeto de los derechos humanos", agregó.

Para Cardenal, España aportará a la CPI su larga experiencia jurídica. En este sentido, recordó que "el Padre Vitoria es considerado como el creador del Derecho de Gentes, del actual Derecho Internacional".

Asimismo, señaló que la creación de la CPI supondrá para España "la realización de un deseo largamente sentido". El fiscal general del Estado explicó así que fue "un penalista español, Quintiliano Saldaña, quien, por primera vez, en 1925, redactó un Códig Penal Internacional" que no trascendió del ámbito académico.

"Ha tenido que esperarse casi un siglo para que finalmente fuera realidad un Código Penal Internacional y un tribunal para su aplicación", añadió. "A buen seguro que nuestra sólida cultura jurídico penal se verá enriquecida por la actuación de esta corte".

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda), deberá investigar y juzgar a las personas acusadas de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio cometidos a parir del 1 de julio.

Este tribunal sólo podrá actuar contra personas pertenencientes a los países que han ratificado el Tratado de Roma de 1998, siempre y cuando los Estados afectados no juzguen los crímenes denunciados.