El prelado califica el uso de información reservada como "corrupción política" y defiende que lo importante no es restablecer por la vía judicial lo dañado sino "evitar en su raíz la actuaciones injustas".

A su juicio, las actitudes corruptas se pueden agrupar en cinco bloques: la "económica", como el soborno, el cohecho, la malversación de fondos, el fraude, la distracción de fondos.