Según informaron a Servimedia responsables de Correos, se calcula que el daño causado por estas empresas ilegales al servicio estatal es de unos 5.000 millones de pesetas, aunque consideran que las empresas privadas legalizadas son las más perjudicadas, porque podrían estar perdiendo en torno a un 25 ó 30 por ien de su facturación. Los responsables de Correos cifran en torno a los 140.000 millones de pesetas el volumen global de negocio originado por los servicios postales en España.

Para concretar las medidas a adoptar, la secretaría general de Telecomunicaciones, de la que depende Correos, esperará a tener un informe exhaustivo que ha encargado para identificar a las firmas que pueden estar operando ilegalmente en España, y que se calculan en torno a las 300.

La propuesta que ultiman en Correos pretnde lograr un frente común con las empresas privadas legales frente a los "piratas postales", a los que el Estado considera verdaderos responsables de las pérdidas de negocio que sufren.

Junto a esta inciativa legal, Correos tiene prácticamente lista una ofensiva comercial, que pretende recuperar ese mercado que los "piratas" le han arrebatado, sobre todo entre grandes clientes. Se trata de seguir la recomendación de Bruselas para mejorar la competitividad de los servicios postales públicos, con el deominado "Correo Híbrido".

Lo que se pretende ofrecer es un servicio integral de correo que incluiría desde la impresión de los documentos, una vez se recibe por una cinta magnética lo que se quiere enviar y las direcciones, hasta el ensobrado, sellado, transporte y entrega a domicilio, de manera que grandes clientes como bancos o compañías con abundante correspondencia, descargarían sobre Correos parte de sus trabajos habituales.

Para los responsables de Correos, el servicio debería ser un éxito,ya que por un precio algo más caro que el normal recibirían muchos más servicios y con la seguridad de delegar el correo en un servicio legal, frente a los "piratas" que lo hacen ahora sin garantía alguna.

De hecho, el único atractivo de los "piratas" son los bajos precios que ofrecen por sus servicios interurbanos, que siguen siendo monopolio estatal. Frente a las 29 pesetas que cuesta el envío postal interurbano del Estado estas empresas lo ofrecen hasta por 17 pesetas, haciendo el transporte en furonetas u otros medios sin garantías para esa correspondencia.

Una vez en la ciudad de destino, proceden al reparto, para lo que sí pueden tener autorización, pero en muchos casos con precios por debajo de las tarifas oficiales, ya que soportan costes muy inferiores a sus competidores, sean el Estado o los privados.