Corcóstegui declaró como imputado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que trata de esclarecer el pago de 110 millones de euros que este ex directivo recibió por su salida del banco.

Así, explicó a la magistrada que, cuando le comunicó su intención de marcharse del SCH, su presidente, Emilio Botín, le pidió que reflexionase y le ofreció unas vacaciones, pues era consciente de la carga de trabajo que había tenido. Trs consultarlo con su familia, el ex consejero se reafirmó en su decisión.

Corcóstegui señaló que el contrato por el que se reguló su salida del banco fue aprobado por el Consejo de Administración del SCH que se celebró el 17 de abril de 1999, en el que también se aprobó el pago al ex co presidente, José María Amusátegui, por su marcha de la entidad.

En dicho contrato, que contó con el informe favorable de la Comisión de Retribuciones del SCH, se fijó la cuantía de la pensión de jubilación, pero n la fecha de la salida de Corcóstegui, que no estaba prevista "tan pronto", según las mismas fuentes.

Esta es la razón por la que Corcóstegui firmó una adenda al citado contrato, en la que se rebaja a los 50 años la edad por la que se jubila del banco.

Corcóstegui detalló a la juez Palacios su relación contractual con el SCH e insistió en que el dinero que recibió por su salida del banco fue un rescate del fondo de jubilación.

VISTO BUENO

Lo manifestado por Corcóstegui fue corroborado antela magistrada por Fernando de Asúa Alvarez, consejero y presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del SCH, quien declaró como testigo.

Asúa afirmó que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se mostró favorable al contrato de jubilación de Corcóstegui, pero que no tuvo que informar sobre la bonificación que el Consejo de Administración del SCH aprobó para Amusátegui.

La juez investiga el pago a Corcóstegui dentro del caso que instruye sobre la bonificación de 43,75 millones e euros que el citado banco abonó a su ex co-presidente, José María Amusátegui.

Fue a principios de este mes de marzo cuando la magistrada decidió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.

LAS QUERELLAS

La querella presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contraAmusátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre.

La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca qu "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".

La denuncia presentada por Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones pr las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.