Para el presidente de la FEMP, Pedro Castro, quien suscribió el acuerdo con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la firma de este protocolo es un "paso en firme" para continuar mejorando las políticas sociales y las políticas activas de empleo que ya vienen desarrollando los municipios desde la colaboración y la cooperación entre el Gobierno de España y la FEMP.

Castro afirmó también que los gobiernos locales quieren "arrimar el hombro" para salir "cuanto antes y en las mejores condiciones de esta difícil situación económica", porque, según explicó, los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, son "auténticas terminales de desarrollo económico" y constituyen una valiosísima red de desarrollo que "debemos aprovechar para generar empleo".

Asimismo, señaló que éste es el inicio de un gran proyecto ya iniciado hace tiempo con promotores y sindicatos y que ahora requiere de la adhesión de la administración central, las autonómicas y las entidades financieras.

Con dicho acuerdo, la FEMP aspira a que se puedan construir 225.000 viviendas protegidas, 150.000 en suelo propiedad de los ayuntamientos y otras 75.000 en terrenos de las CCAA.

Según Castro, "si los bancos pusieran dinero sobre la mesa se podrían crear 500.000 nuevos puestos de trabajo".

Además, estima que en los tres próximos años se podría conseguir suelo público para un total de 450.000 viviendas, lo que permitiría generar otro medio millón de empleos.

Por su parte, Corbacho destacó la importancia de alcanzar el máximo acuerdo y consenso posible "porque la situación del paro y la inmigración no se puede resolver solo desde el Gobierno central y hay que contar con los ayuntamientos".

A este respecto, calificó como "una reivindicación razonable" que los ayuntamientos pretendan que se les permita generar algo más de endeudamiento para llevar a cabo obras de mejora de los equipamientos, de los cascos urbanos y de las infraestructuras.

De hecho, defendió que, si la UE acepta que se flexibilice la exigencia del 3% de déficit público, "estaría bien que una pequeña parte pudiera ir a los ayuntamientos".

Castro estimó que, si se permitiera una tasa de endeudamiento del 0,5%, los ayuntamientos recibirían 5.600 millones de euros.