En concreto, la no renovación de la licencia afecta a Radio Popular en Tarragona y Manresa y a Cadena 100 en Barcelona. La cadena privada de radio ha recurrido a la vía judicial una vez que la resolución del Gobierno que preside Pujol fue hecha pública el pasado viernes en el Boletín de la Generalitat.

La Cadena Cope ha interpuesto dos recursos: uno, preferente y sumario, por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de opinión e información, reconocidos en el artculo 20 de la Constitución.

Según informó hoy la cadena, el segundo recurso, de carácter ordinario, lo ha presentado por desviación de poder ante el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, solicita la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por el Gobierno de las Generalitat de Cataluña, "y que tan graves perjuicios pueden ocasionar al grupo Cope y a sus oyentes en esa comunidad autónoma".