Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que este servicio, que se financiaba con carga a una convocatoria de ayudas suprimida por la Consejería de Políticas Sociales, también contaba con las aportaciones de los programas de la casilla social”.

Ante esta situación, el secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector, Rafael Escudero, reclamó, “como se ha efectuado con otras entidades”, que “se habilite crédito para que proyectos de extrema necesidad que han sufrido un enorme incremento en su demanda, fruto del alza de la inflación para población vulnerable, tengan apoyo”.

En ese sentido, señaló que las autoridades madrileñas “no pueden mirar hacia otro lado cuando 3.500 personas se encuentran en una situación de emergencia que entra en sus competencias solucionar”, y deploró que “en el momento de mayor financiación de la historia de la Dirección General de Servicios Sociales no se quiera ayudar a entidades que han acreditado un nivel de ejecución tan importante en un momento tan complejo como este”.

Por todo ello, la Coordinadora del Tercer Sector elevó una “petición urgente” a la Comunidad de Madrid para que se permita aplicar los fondos que van a quedar sin ejecución para ayudar a este banco de alimentos, que ascienden a cinco millones de euros.

Este colectivo ha comenzado una ronda de trabajo parlamentario para que presenten una batería de preguntas referentes a los motivos por los que la Comunidad no se aviene a incorporar estos fondos a las ayudas a la población vulnerable en riesgo de exclusión social y sobre los motivos que explican por qué se niega esta ayuda a este banco de alimentos.